La crisis ambiental que habitamos se desarrolla en un contexto de crisis democrática. Nuestro país es un ejemplo, el débil sistema democrático ha traído consigo un gran desánimo y descontento social y la irresponsable política ambiental ha traído consigo múltiples conflictividades y críticas. Por eso, diferentes teorías políticas verdes, con toda su diversidad organizativa e ideológica, tienen un núcleo compartido: edificar propuestas alternativas a la democracia liberal representativa, que se considera incapaz de resolver los problemas ambientales (Graham, 2003). En este panorama, la democracia ambiental se presenta como una alternativa para superar a la ineficaz política ambiental y la falta de legitimidad democrática. Entonces, resulta precisa no sólo como una forma de gobierno para encontrar una salida a los problemas ambientales, sino también una salida a la actual crisis de la democracia.

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La democracia ambiental plantea que la posibilidad de la justicia ambiental se cimienta en dos variables democráticas: en el quiénes participan en los procesos políticos de toma de decisiones que inciden en la gestión ambiental y en cómo lo hacen. Según Laurean, esto se explica porque la investigación empírica demuestra que la participación en la gobernanza ambiental aumenta la probabilidad de que las carteras de Estado rindan cuentas al público; genera conocimiento local en los procesos de toma de decisiones; aumenta el apoyo popular a las políticas; y produce resultados de planificación ambiental de mayor calidad. En ese sentido, uno de los mecanismos de participación más importantes son las consultas populares.

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En la actual coyuntura hay dos consultas populares, precisamente en materia ambiental: la consulta del Yasuní y la del Chocó Andino. Estas son trascendentes, en principio, porque en el Ecuador históricamente las consultas populares han venido de arriba hacia abajo (propuestas por el gobernante) y han buscado legitimar al poder que ejerce el gobierno de turno; en cambio, estas vienen de una ciudadanía organizada y buscan canalizar las demandas de la gente de proteger a la naturaleza en lugares prioritarios. Estamos hablando de recuperar el espíritu de este mecanismo de democracia directa. Además, porque las consultas populares “ensanchan y visibilizan enormemente los espacios de disputa, dejando de quedar reducidos a círculos de representantes de intereses y abriéndose al conjunto de la ciudadanía” (Vilaseca, 2016). Y, por último, porque este mecanismo promueve que haya más pluralidad en los procesos deliberativos; debido a que ya no solo están la mirada técnica y/o el interés corrupto en la deliberación, sino los diversos marcos interpretativos que coexisten en el territorio.

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Entonces, las consultas del Yasuní y el Chocó Andino son una oportunidad para decidir positivamente sobre nuestro territorio, pero también la apertura para empezar una regeneración democrática. La crisis ecológica presenta inmensos desafíos económico-políticos a nivel global. La crisis democrática del país amerita repensar nuestras formas de participación política. Y en este complejo escenario, la ciudadanía organizada puede ser la gran respuesta para regenerar nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza y la política.

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Bibliografía

Graham, S. (2003). Democracia Deliberativa y Medio Ambiente. Londres, Routledge.

Laurian, Lucie. 2004. Participación pública en la toma de decisiones ambientales: hallazgos de las comunidades que enfrentan la limpieza de desechos tóxicos. Revista de la Asociación Estadounidense de Planificación 70 (1): 53–65.

Vilaseca, I. (2016). Democracia Ambiental: Una Alternativa A La Crisis Civilizatoria Del Capitalismo Tardío. Universitat Rovira I Virgili.