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Entrevista 

Yanina Help

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Pompeu Fabra, España

Realizada por:

Camila Ulloa

Mecanismos de participación ciudadana

 

¿Desde qué marco teórico consideras que se pueden estudiar los mecanismos de participación ciudadana?

Los mecanismos de participación ciudadana se pueden abordar desde diferentes marcos teóricos, porque influyen sobre y son influidos por muchas cuestiones. Por un lado, es posible vincularlos con las teorías de la democracia. Si pensamos en los principios de poliarquía de Dahl, la participación está incluida y en torno a eso hay un amplio debate sobre ¿qué mecanismos, qué formas de participación; consultivas, vinculantes; deliberativas activadas por la ciudadanía permiten fortalecer la democracia? Pero también pueden vincularse a los estudios de movimientos sociales, con teorías como por ejemplo la de la estructura de oportunidades políticas, o con los marcos de análisis de políticas públicas. El campo de los mecanismos participativos es transversal, con lo que los marcos dependerán de las preguntas de investigación.

En la actualidad se observa que hay una disminución en la afiliación a partidos políticos, hay una desconfianza ciudadana creciente en la democracia representativa. ¿Crees que se pueda hablar de una crisis de la democracia representativa y si es así, de qué manera los mecanismos de democracia participativa podrían resolver o no estos problemas?

Sí, esa es la pregunta qué más da vueltas para esta área de estudio en las últimas décadas. La primera discusión es si hay o no una crisis de los partidos, porque estas afirmaciones se originaron en los estudios de Dalton y otros, que veían el descenso de la afiliación partidaria en Europa y/o en democracias de larga data. En América Latina no tenemos datos para observar en qué medida eso es así. Quizá ocurra en países como Chile, pero en otros, como Uruguay no parece que los partidos estén viendo erosionada su relación con la ciudadanía. En la región, los datos de afiliación son erráticos y hemos tenido históricamente bastante inestabilidad de diverso origen, desde las frecuentes interrupciones autoritarias hasta la presencia de regímenes híbridos y democracias consolidadas. Sí hay transformaciones, creación de nuevos partidos, flexibilización de la regulación para permitir la postulación de candidatos independientes y de movimientos sociales en algunos países como Ecuador o México. Pero también aquí hay varianza entre países con otros casos que se mantienen en marcos tradicionales que otorgan centralidad a los partidos, como Uruguay o Argentina.

 

Sin duda hay una creciente desconfianza en los partidos y parlamentos y eso se observa en general. Lo dice el Latinobarómetro, si recuerdo bien el dato, en 2017 solo el 17% de los latinoamericanos confiaba en los partidos. En Europa las cifras también muestran este declive de la confianza. En el caso de la crisis de los partidos en Europa lo que se ve es la erosión o la pérdida de credibilidad de las organizaciones políticas y, en algunos casos, el colapso de partidos tradicionales, por ejemplo, el socialismo. Los partidos socialistas europeos están en crisis en Grecia, en España y en Francia.  Ahora, mientras en Francia en la última elección presidencial sacó un 6 por ciento de apoyos, en España el PSOE parece recuperarse, aunque ahora hay más actores en la arena electoral. Creo que cualquiera que diga que el PSOE está por desaparecer estaría siendo demasiado osado con su pronóstico, mientras en Francia sí existe una posibilidad más marcada de que el socialismo se diluya en otras formaciones. 

 

Una reflexión que me surge a partir de un trabajo que acabo de terminar, un libro sobre la democracia que publicará este año Paidós, es que creo que la Ciencia Política ha estado muy apegada a mirar procesos que están ocurriendo o que han ocurrido en la última década, en las últimas dos décadas. Eso ha hecho perder un poco de perspectiva, porque si miras los últimos 200 años, el sistema no ha hecho más que cambiar una y otra vez y ahora también, sin duda. Hay novedades dentro de un esquema de transformaciones observables en la evolución de la democracia representativa, que tampoco es tan antigua. Hay una constante reformulación y transformación de las instituciones, entonces si hay crisis y hay novedades en esa crisis, pero hay cambio constante, con mayor o menor intensidad. No es que había algo inmutable y ahora de repente todo está estallando por los aires. 

 

Segunda parte de la pregunta. ¿Podrían los mecanismos de participación resolver la crisis?: sin duda sí y sin duda no, porque, como decía al principio, hay un amplio espectro de mecanismos participativos y hay muchos ejemplos de países donde funcionan muy bien o han funcionado relativamente bien –nada es perfecto–, como en Uruguay; pero hay otros países donde la implantación de la “democracia participativa” no ha ayudado mucho a cambiar las cosas, como en Colombia; o donde han ayudado más bien a consolidar nuevas formas de autoritarismo, como en Venezuela. Entonces tenemos que mirar con la lupa los procesos, evaluarlos observando los procedimientos en detalle y/o comparando y contrastando su funcionamiento con los principios orientadores de la democracia. 

 

Yo creo que indudablemente en esta pérdida de confianza en los partidos, en esta mayor volatilidad de las preferencias, los mecanismos de participación van a seguir creciendo (en la normativa y en las prácticas) y eso tiene formas diferentes de acuerdo a los patrones de los distintos países de la región. Hay un crecimiento de mecanismos participativos, pero, por ejemplo en el año 2016 que fue “el año del referendo”, con el plebiscito por la Paz, el Brexit, el referendo en Holanda, el italiano, el referendo en Bolivia por la reelección, salvo en uno o dos predominó la convocatoria desde arriba, por las autoridades. Entonces, no es que la ciudadanía juntó firmas y activó unos mecanismos y está confrontando directamente con las instituciones representativas, sino que los representantes y el poder ejecutivo en particular han recurrido crecientemente a la participación directa para superar bloqueos institucionales o legitimar su poder, aunque no siempre lo han conseguido.

 

Hablando de la diferenciación entre mecanismos que funcionan de alguna manera y otros no. ¿Qué condiciones crees que son necesarias para que unos mecanismos puedan contribuir a profundizar la democracia y también ¿qué otros elementos más allá del diseño del mecanismo serían necesarios?

 

Empecé estudiando sobre todo mecanismos de democracia directa, referendos, iniciativas, donde con un procedimiento similar al de una elección de autoridades –un ciudadano un voto– se puede decidir sobre cuestiones políticas, leyes o reformas constitucionales. La impresión es que estos mecanismos responden o pueden responder a un tipo de necesidades o problemáticas específicas. Si hablamos de un espectro, en un lugar digamos asociado al poder y a la concentración del poder, la legitimación o concentración de poder a partir de la idea de la democracia delegativa de O'Donnell se pondría en juego ahí y sería un marco teórico para estudiar ese tipo de consultas cuando éstas son convocadas desde arriba. Pero también pueden ser activados por la ciudadanía, como ocurre en Suiza o en Uruguay.

 

Del otro lado del espectro, cuando funcionan con autonomía y las leyes se cumplen, estos mecanismos permiten ampliar la agenda y/o incrementar la responsiveness, la capacidad del gobierno de dar respuestas. Por ejemplo, si una ley genera el rechazo de la ciudadanía, ésta tiene la oportunidad de vetarla, como ocurre en el modelo italiano. Estos serían los mecanismos más poderosos en cuanto a la incidencia que a través de ellos puede lograr la ciudadanía. 

 

Los mecanismos deliberativos parecen en el contexto de los mecanismos directos, poco efectivos. Sin embargo, si se diseñan bien, pueden dar soluciones a problemáticas específicas. Con un equipo de la Universidad de Chile estamos desarrollando una investigación sobre esto, analizando la participación ciudadana deliberativa en procesos de elaboración constitucional, como ocurrió en Ecuador en 2008, y hay muchos casos más en África, y en América Latina, con Brasil en el 88, o incluso Cuba en el 76. Vamos registrando más de dos decenas de casos que incluyen regímenes autoritarios y democráticos, contextos de transición y pacificación y democracias de larga data, como en el caso más reciente de Islandia. Y ahí empezamos a ver que también los procesos deliberativos pueden tener un rol destacado aunque no conduzcan a decisiones automáticamente. Pero también hay muchos casos en que la participación es meramente simbólica. La reflexión apunta entonces a considerar factores contextuales como la voluntad política y la apertura del sistema a demandas y también la necesidad de pensar mecanismos de forma complementaria. Un modelo sería el de la reforma constitucional en Irlanda a través de un procedimiento de sorteo. Con ciudadanía escogida mediante el sorteo y un treinta y tres por ciento de representantes políticos se hicieron propuestas de reforma sobre las que la decisión final se trasladó al gobierno y al parlamento mientras algunas derivaron en referendos vinculantes. 

 

Además de lo dicho, cabe considerar otras condiciones: tiene que haber una campaña equilibrada si aplica, tiene que haber unos argumentos a favor y otros en contra si hay una votación, porque si no, no tiene sentido una consulta. Tiene que haber un control del poder para que la campaña sea equilibrada, una formulación neutra de las preguntas, clara, que derive en políticas concretas. Si se hace una pregunta que queda sujeta a diferentes interpretaciones una vez que se toma una decisión no se sabe qué política implementar. En Bolivia en el 2004, con el referendo sobre política energética algunas de las preguntas derivaron en una ardua discusión sobre qué mandato establecía el resultado. 

 

Desde la academia lo podemos pensar, puedo evaluar esto más o menos así y ver como funcionó y qué fue bien y qué fue mal y discutir sobre cuestiones como los umbrales de firmas, de participación, etc.  Con los mecanismos de democracia directa está más claro, pero cuando hablamos de procesos deliberativos, los procedimientos no suelen estar regulados. El proceso participativo debería ser autónomo, tener capacidad de fijar la agenda temática, deberían ser inclusivos, debería garantizarse la participación de grupos desfavorecidos, de gente con menos recursos; haber formación cívica. Más allá de todos estos requisitos, el gran problema es cómo se conecta el proceso deliberativo con la toma de decisiones. 

 

Yo hace unos años era más reacia a ver la utilidad de los mecanismos consultivos, estaba muy influida por el sistema suizo. Ahora creo que, en determinados contextos, por ejemplo, el Plebiscito por la Paz en Colombia fue un gran error iniciar la consulta y hubiera sido más útil activar mecanismos de rendimiento de cuentas, diálogos, encuentros públicos. Si se quiere ampliar el debate y legitimar una decisión pueden ser más eficaces. O sea, para abrir espacios de difusión, informar y reforzar la confianza deben generarse procesos de comunicación y rendimiento de cuentas. Lo que ocurrió en Colombia es un ejemplo negativo: se adaptan los requisitos a parámetros poco justificables como el mínimo de participación del 13 por ciento, se hace una campaña del miedo de parte de casi todos los principales actores y cuando las cosas no salen cómo se esperaba se tramita una ratificación express por vía parlamentaria. No es raro que ahora crezca el desencanto. 

 

Mi impresión es que, en determinadas circunstancias, procesos deliberativos amplios, pueden influir para mejorar la legitimidad, la confianza, etc., ampliar la agenda. Sobre todo cuando ese tipo de procesos son complementados con la posibilidad, no automáticamente, sino con la posibilidad de activar mecanismos directos.

 

Hablemos sobre estos mecanismos.

Deberían regularse diferentes mecanismos capaces de generar unas reglas claras para canalizar distintos tipos de demandas. Ciertos mecanismos, como la iniciativa legislativa indirecta, con un número relativamente bajo de apoyos permiten presentar propuestas de ley a un parlamento. Esto podría funcionar bien. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que no se toman seriamente en cuenta las propuestas ciudadanas. Se puede mejorar la legislación para dar mayor difusión a las propuestas, permitir la participación de los promotores defendiendo la iniciativa, etc. pero si no hay voluntad política difícilmente servirán para canalizar demandas. 

 

Voy a dar otro ejemplo, el de los comités ciudadanos en México, concejos vecinales en Montevideo, JAL en Colombia... hay consejos en muchísimas ciudades latinoamericanas. El que más he estudiado y en el que basaré lo que voy a decir es el de Montevideo. 

 

En 1989, el Frente Amplio, un partido de izquierda, llega por primera vez a la alcaldía de la ciudad de Montevideo con un proyecto de descentralización participativa de la ciudad. Es una apuesta política muy importante del Frente porque es la primera vez que un partido que no es ni Blanco ni Colorado llega al gobierno en Uruguay. Le va muy bien en la experiencia y poco después gana el gobierno nacional mientras desde el 89 no ha dejado de estar a cargo del gobierno de la ciudad. Implementa un proceso, como decía, de descentralización participativa. Se divide la ciudad, se crea el consejo zonal, que es un órgano administrativo para desconcentrar la prestación de servicios públicos; la junta local, que es un órgano político, ejecutivo. Eran 18 zonas, en 2010 se cambió la ley y ahora son 8 alcaldías, pero originalmente eran 18 zonas. Las juntas locales tenían 5 miembros que eran nominados por el intendente, nominados considerando el peso de los partidos en el distrito. Desde 2010 son electos. Los consejos vecinales, tenían entre 25 y 40 miembros, los tienen todavía, han cambiado poco su reglamentación y siguen organizados en 18 zonas que conviven dentro de las alcaldías, eran vecinos o representantes de organizaciones de sociedad civil, que funcionaba como un órgano deliberativo para discutir cuestiones relativas a la zona y elaborar propuestas. Tenían a su cargo el presupuesto participativo, en el año 95 se les quitó y se transfirió al espacio ciudadano. Las conclusiones del estudio que elaboramos muestran que en Montevideo como en otros lugares, las asociaciones barriales, vecinales habían sido muy fuertes en el pasado. Durante finales de la dictadura tuvieron un rol importante, en la transición, etc. En la década del noventa con la intención de fortalecer la democracia se sobreregula el espacio ciudadano y al final se lo debilita. El concejo vecinal ahora tiene una elección que está controlada por la intendencia, cosa rara también, porque la intendencia no debería controlar una elección sino el órgano electoral. Hay toda una reglamentación alrededor de los consejos, pero los consejos no tienen competencias ni presupuesto, son consultivos. Pueden conocer qué pasa en su zona, pedir informes, hacer recomendaciones, pero sin embargo pasan por ese proceso de elección y no reciben recursos. En un primer momento eso funciona relativamente bien porque la gente se acerca al concejo etc., pero más o menos rápidamente dejan de funcionar por su falta de incidencia. Eso salió en un amplio trabajo de campo que hicimos en colaboración con gente del IDEL de la Universidad Católica del Uruguay en Montevideo, muchísimas entrevistas, trabajo con los concejos y con los vecinos. 

 

Subyace la idea del ciudadano, con una especie de “pureza” contra políticos “impuros”, pero al final se pervierte la función ciudadana porque se crean organismos que quedan como intermediarios, legitimados por ese voto, pero sin competencias ni recursos. La sobrerregulación de los espacios participativos ciudadanos no ha dado buenos resultados. Creo que también el caso de otros mecanismos como la silla vacía en Ecuador. Me remito a lo que ha dicho Simón Pachano, sobre el tema. Si la ciudadanía tiene su representación a través de la silla vacía, ¿a quién representan todos los otros? Fueron electos por sus partidos, pero para representar a la ciudadanía.  Esta pureza de la ciudadanía que no resiste prueba empírica alguna, porque no hay neutralidad ni ausencia de intereses, es falsa. ¿Cómo se puede esperar que un ciudadano o ciudadana represente la complejidad de una sociedad? Al observar empíricamente cómo funciona surgen otros problemas. Publicamos un working paper sobre el tema, analizando el proceso durante un par de años en varios municipios y en raros casos funciona bien. 

 

La posibilidad de que si la ciudadanía en un municipio entiende que hay algo que no se está atendiendo y debería atenderse, pueda activar un mecanismo bien regulado, de fácil acceso para pedir una audiencia pública y estar ahí y discutir y que se incremente la transparencia, la legitimidad es clave, pero es un error sobrerregular el espacio y dar un voto. Esto podría complementarse con otros mecanismos vinculantes, pero con criterios de activación más complejos. 

 

La proliferación de mecanismos que no funcionan bien conduce a perder capital social y político desgastando gente. No todo el mundo se moviliza, entonces los movilizados son muy importantes en una sociedad y habría que aprovechar mucho mejor, institucionalmente esta actividad. Por dar un último ejemplo de institución que me viene a la cabeza ahora por su amplia difusión, podemos hablar del presupuesto participativo. Sus puntos fuertes son que puede fortalecer el capital social, cuando sirven para mostrar que la política importa y se puede actuar para reducir las desigualdades.  En Montevideo, el presupuesto participativo se distribuye sobre bases iguales, con lo que no hay criterio redistributivo. En cambio, en Brasil se aplica el indicador de desigualdades, entonces los barrios más desfavorecidos reciben más recursos. 

 

Cuando en el presupuesto participativo la mayor parte de los fondos se destinan a reparar semáforos o calles ocurre que de alguna manera se pone en competencia a sectores de la sociedad civil por cosas que sencillamente se deberían hacer y no se están haciendo por falta de recursos. Entonces sí, se está premiando la organización, pero se la está premiando para obtener ventajas no asociadas a cuestiones generales sino a intereses particulares. Además, en muchos casos se crean dinámicas en función de intereses político partidarios. Wagner Romao ha mostrado como el presupuesto participativo tiene funciones políticas distintas de acuerdo a su cercanía al gobierno, entre otras variables. Mariano Suárez también está trabajando en esta línea, observando la posición que ocupa el presupuesto participativo en el organigrama y la cantidad de recursos que recibe, lo que permite asociarlo a un mecanismo clientelar, de movilización o meramente simbólico. 

 

Hay redes de promoción de buenas prácticas y eso también permite comprender la difusión del PP, tal como ha analizado Porto de Oliveira.  La influencia del Banco Mundial promoviendo el presupuesto participativo lleva a que se genere la idea de que si una ciudad no hace presupuesto participativo está fuera de tendencia, no es suficientemente democrática. Cosa que también pasa con las nuevas tecnologías y otros procesos participativos. Estas presiones a veces acaban pervirtiendo los espacios participativos desde su origen convirtiéndoles en aparatos meramente simbólicos o sumamente controlados por el poder político de turno.

 

Al evaluar todos estos tipos de mecanismos, tal vez con más enfoque en los de democracia directa, ¿qué consideraciones metodológicas crees que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar el funcionamiento?

Creo que las metodologías van muy asociadas a las preguntas que guían un trabajo de investigación determinado. Por ejemplo, tenemos un estudio con Saskia Ruth donde intentamos entender las motivaciones políticas del uso del referendo en América Latina. Para hacer este análisis estuvimos analizando los distintos estudios que intentar elaborar sobre la función política de los referendos. Encontramos que en Europa hay más trabajos que en América Latina, donde ha predominado la revisión de la regulación y los casos de estudio. Identificamos estudios centrados en los países nórdicos, Inglaterra, Francia, orientados a la función política del referendo. Vimos que eran estudios inductivos. Se tomaban todos los referendos en un país o grupo de países y se clasificaban. Es una forma de proceder muy válida pero no sirve para crear marcos de análisis que sirvan para considerar otros casos. 

 

En el estudio de los países nórdicos, Bjorklund encuentra tres funciones políticas. Los referendos podrían tener una función de mediación, de evitar y o de pararrayos. Por ejemplo, un partido está divido en torno a un tema entonces se convoca a un referendo para resolver la cuestión y evitar que el partido se divida. O un partido que pierde una moción en el parlamento opta por trasladar esa cuestión a la ciudadanía porque piensa que el parlamento no está cumpliendo con la representación sustantiva y confía que una mayoría popular va a apoyar a ese partido que en el parlamento no tiene suficiente fuerza. Y el tercero el del pararrayo, cuando un partido, normalmente pequeño, quizá sepa que va perder con esa consulta, pero busca instalar el tema en la agenda, que se empiece a debatir. El Partido Radical en Italia sería un ejemplo de esto, lo usó en los ochenta y noventa con bastante frecuencia. Consideraciones metodológicas si queremos aplicar ese marco al estudio de América Latina: no es lo mismo un sistema parlamentario que uno presidencial. En América Latina, solo Uruguay regula la posibilidad de que una minoría parlamentaria active un referendo. 

 

Tras revisar numerosos estudios llegamos a la conclusión de que había dos ejes clave para pensar en la función política del referendo. Uno, tomando la teoría de Tsebelis, invita a observar el lugar del actor que convoca al referendo en el sistema. Si es un veto player unificado, o sea un presidente con mayoría en el parlamento, si es un veto player en una situación de poder dividido, o sea presidente y parlamento opuestos o si no es un veto player y a través del referendo accede, activando una consulta. Nuestra segunda variable se orienta a observar el objetivo del referendo, en lo que seguimos a Piervicenzo Uleri o Angélica Martínez para distinguir entre el referendo que se orienta a políticas públicas y el que se orienta a cambios institucionales que alteran el equilibro de poder (como la reelección o las competencias del parlamento o del presidente). Combinando ambas variables resulta una tipología con seis cuadrantes que permite preguntarse por qué, por ejemplo, un actor que tiene poder para pasar una reforma en el parlamento activa una consulta popular. La respuesta parece apuntar a la auto-legitimación, en particular si se trata de cambios en la estructura del poder. Es interesante ver como todos nuestros casos podían hacer analizados con este marco que a su vez permite asociar el tipo de consulta a la calidad de la democracia. Invita a pensar en la democracia directa como consecuencia de la calidad de la democracia, invirtiendo el orden en que suelen entenderse estos elementos. La mayoría de los referendos de América Latina se concentran en el cambio institucional y no están dominados por actores sin poder de veto. Solo Uruguay muestra este tipo de activaciones, más uno en Perú en 2010 y otro en Venezuela en 2004 mientras hay intentos frustrados como Ecuador 2014 o Costa Rica 2007. La mayoría son activados por las autoridades para consolidar poder o para resolver (intentar resolver) conflictos de poder.  Hay un par de casos anteriores a la última transición a la democracia que muestran esa tensión. Por ejemplo, Brasil 1963: Goulart activa un referendo intentando que no haya golpe, pero hay golpe igual. En cambio, después de la tercera ola ahí entraría Bolivia y hay varios casos más, el referendo pasa a ocupar ese lugar de poder moderador que antes tenían los militares. 

 

Los métodos pueden incorporar regresiones o pueden basarse en la clasificación de casos de acuerdo a un modelo de análisis claramente definido que permita comparar. Pueden estudiarse otras variables de diseño institucional. En Ecuador, por ejemplo, que haya necesidad de control constitucional previo genera una intermediación a lo que se espera sea una consulta directa. Como te decía, consideraciones metodológicas muchas, dependiendo de la pregunta de investigación.

 

Hablando de los referendos, hay estas críticas que rechazan la idea de consultar directamente a la ciudadanía, por pensar que el ciudadano común es incapaz de decidir sobre temas complejos o son muy susceptibles a manipulación. Entonces ¿hasta qué punto crees tú que un ciudadano de verdad es capaz de decidir sobre esto?

Hace poco leí el libro de Jason Brennan, "Against Democracy". El principal argumento es ese. Los ciudadanos se apasionan y la sociedad se divide en categorías, apáticos, hooligans, e informados, que son los menos.  Toda su argumentación a lo largo del libro va contra la democracia y a favor de un sistema epictocrático argumentando que los ciudadanos no están preparados. Me hizo reflexionar mucho porque por definición estoy en contra, pero no se puede negar que hay muchas deficiencias en los procesos de formación de la opinión pública. Y en esa reflexión mi conclusión final es que quizá en muchas ocasiones la ciudadanía no esté bien preparada para tomar decisiones, pero eso conduce o debería conducir a mejorar la educación, los procesos deliberativos, etcétera pero no a cancelar la participación porque cualquier otra alternativa no es moralmente justificable. 

 

No tenemos otra alternativa moralmente justificable porque ¿quién define y elige a  los mejor preparados?  Más con una situación de partida en que no hay ninguna tabula rasa, tenemos sociedades profundamente desiguales. Creo que últimamente han salido varios estudios que muestran que la creatividad y el esfuerzo personal importan para un muy limitado porcentaje de la población. Por más poco preparado que seas, si tienes mucho dinero, tus probabilidades de morir con mucho dinero son bastante altas y por más inteligente que seas, si tiene muy malas condiciones tus probabilidades de morir en muy buena situación económica son bastante bajas. Entonces no hay otra salida que no sea mejorar los procesos de participación, formación de la opinión pública, deliberación, etc. Creo que vivimos en un contexto de incertidumbre, de expansión de la corrupción sin precedentes en que un mayor control de las autoridades y mecanismos de participación bien regulados pueden contribuir a mejorar la legitimidad e incrementar el bienestar. 

 

Hay que mejorar son los procesos de formación de la opinión pública, la educación, la calidad de la educación primaria, mejorar el funcionamiento de los medios de comunicación (tema sumamente complejo este). No hay un ideal de llegada, final y definitivo. Hay que apostar por la mejora pero asumiendo que nada es perfecto y considerando que, repito, es moralmente injustificable cualquier alternativa a la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y ahí por supuesto parto de incluir la elección de representantes como mecanismo de participación directa. 

 

Rol de las nuevas tecnologías en la participación

Ahora, cambiando de tema. ¿Cuál consideras que es el papel de las nuevas tecnologías?, ¿tienen una influencia positiva o negativa hacia una mayor participación ciudadana?

Hay mucha controversia sobre el papel de las nuevas tecnologías sobre la participación. Sin duda hay cambios relevantes, pero no está claro en qué medida son positivos o negativos y mucho menos se puede establecer causalidad directa entre la expansión de medios digitales y un aumento de la participación o de los movimientos sociales. La primavera árabe generó una explosión de estudios con el presupuesto de que venía un cambio democrático a partir de la expansión de nuevas tecnologías. Más o menos en paralelo surgieron visiones críticas. Por ejemplo, Kurt Weyland, comparando la primavera árabe con revueltas latinoamericanas previas o con los movimientos europeos después de 1848 sugiere que no hay nada nuevo y los factores explicativos siguen siendo los mismos. 

 

Yo hice un estudio sobre el "YoSoy132", el movimiento social mexicano, tratando de articular esta discusión. Me planteaba que las nuevas tecnologías pueden tener un rol instrumental o pueden ser un detonante. Para analizar esto tenemos que ver otras variables del sistema, no podemos pensar las nuevas tecnologías en abstracto. Debemos ver si el sistema es democrático, híbrido, autoritario; si los medios de comunicación tradicionales están muy controlados o hay espacios para la circulación de información alternativa, y si la sociedad civil cuenta con organizaciones o está altamente fragmentada. Cuando hablamos de protesta, porque después podemos hablar también de otras situaciones, política normal, de una elección, de una campaña, entonces en cada circunstancia va a ser distinto, pero cuando hablamos de lanzamiento de protestas, la España reciente aporta un buen ejemplo. El movimiento de los indignados se empieza a articular desde 2011. Sin embargo, ahí había mucho esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos un poquito también pero mucho menos. Aquí los medios digitales fueron un instrumento poderosísimo para organizar a los manifestantes y para ir por fuera del sistema de medios dominante que les daba poco espacio. Entonces ahí hay un rol clarísimo. Ahora ¿hubiera surgido igual sin esos medios?, yo creo que sí, pero, por ejemplo, el triunfo que tuvieron en las elecciones para el parlamento europeo se explica en buena medida por su uso de medios digitales. 

 

En México en 2012, estalla la protesta inesperadamente y hay una articulación fuerte de un movimiento que es casi impensable sin los medios digitales por la rapidez con que se produce y la escasa organización previa que se registra. El movimiento estalla en junio y las elecciones eran en julio. En un proceso de mes y medio todo eso no hubiera podido formarse en un país como México. Ahora la otra cuestión es ¿cómo surge la protesta y qué influencia tiene? y si vemos los resultados, surgió la protesta, pero ¿que pasó? En términos de cambio político, poco y además quedó restringida a las ciudades y a los grupos de jóvenes y o profesionales. Sí se instaló un nuevo repertorio de actuaciones, lograron que haya un debate o dos debates, lograron ciertas cosas, pero no lograron su objetivo fundamental, el PRI volvió al poder. 

 

Entonces son variables políticas, los medios digitales tienen un rol en todo esto, pero se deben conjugar con muchas otras variables y ahí también el partido parecía botado, y el partido está más vivo que nunca.  Es cómo PODEMOS, poco a poco se ha ido estructurando como un partido, con muchas novedades, pero un partido al fin, con un funcionamiento que combina lo tradicional con la utilización intensiva de tecnología y mecanismos más horizontales que se han perdido atenuando con el crecimiento del partido. Entonces sería una parte del abordaje, movimientos sociales, protesta. Lo mismo para la primavera árabe. Lo medios de comunicación instalan ciertos temas en la agenda y los cambian y nos perdemos el final de las historias entonces se otorga un papel central a los medios digitales en la primavera árabe pero resulta que ni era tan así ni el cambio finalmente es tan radical. Lo mismo pasó con la constitución islandesa del 2011. Fue un movimiento muy novedoso, de base ciudadana, muy innovador; pero tiempo después todo ha vuelto a ser bastante parecido a como era antes. La ciudadanía se desmovilizó y los políticos tradicionales volvieron a escena. La constitución que ellos no habían elaborado no les gustó y empezaron a transformarla. Es importante considerar procesos completos para llegar a conclusiones válidas y que permitan pensar mejor la política, en particular, por ejemplo, el rol clave de los partidos, que va a contracorriente de las dinámicas antipartido. 

 

Puede ser de interés pensar también en la influencia sobre la política normal, en las campañas electorales, por ejemplo. Hay bastante discusión sobre eso. Creo que también depende de los contextos, cuando hay situaciones de incertidumbre hay más posibilidades que los medios digitales tengan un rol cambiando algo. Estudios como los de Ernesto Calvo y Natalia Aruguete muestran que en la red hay más una reafirmación de los grupos que un diálogo o deliberación. En su "Anatomía política del twitter", donde analiza el caso Nisman, Calvo plantea que se forman comunidades en función de la preferencia previa, son comunidades de uso que apenas si se relacionan. 

 

La idea de los fake news también tiene un rol. También cabe considerar estas esferas no como independientes sino en diálogo. Hay interacción entre la esfera digital y la de los medios convencionales mientras se difumina esa frontera porque los medios tradicionales están en el espacio digital, también tienen cuentas de twitter. Por último, algunos encuestadores sostienen que sobreestimamos a menudo el valor de las campañas en la formación de la opinión pública y lo mismo vale aún más para los medios digitales, ya que su alcance está sobrevalorado. En muchos países si bien hay un uso bastante extensivo de los medios digitales hay también un porcentaje amplio de población que no los usa. La medición de usuarios de internet suele ser a partir de la pregunta "si usted ha usado internet alguna vez en el último año, en los últimos seis meses". El uso de Twitter y Facebook, además, no indica necesariamente un uso político de esas redes.  En cualquier caso, es un área de investigación incipiente, que requiere de métodos adecuados para comprender su funcionamiento y sus interrelaciones con la participación, la protesta y la democracia. Tenemos mucho por investigar.